La seguridad privada requiere de una mayor atención por parte de la inspección de trabajo y del propio Gobierno

UGT se une al dolor por el fallecimiento de un vigilante de seguridad privada mientras realizaba sus funciones de vigilancia en la empresa Logisfashion en Toledo, así como por el estado grave de un segundo vigilante accidentado en el Aeropuerto de Corbera en Murcia.

UGT se une al dolor por el fallecimiento de un vigilante de seguridad privada mientras realizaba sus funciones de vigilancia en la empresa Logisfashion en Toledo, así como por el estado grave de un segundo vigilante accidentado en el Aeropuerto de Corbera en Murcia.

En el primero de los casos el vigilante quedo atrapado por una puerta metálica que había sido colocada en la empresa siendo el segundo de los casos el ocurrido en el aeropuerto murciano debido a una descarga eléctrica mientras manipulaba un aparato detector de explosivos y sustancias toxicas.

En ambos casos desde el Sindicato Federal de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares de FESMC-UGT se ha solicitado a la Inspección de Trabajo una actuación rigurosa para esclarecer con total claridad la responsabilidad directa de lo sucedido ante un sector donde en numerosas ocasiones no son tenidos en cuenta elementos de prevención por las empresas de seguridad y tampoco por los propios clientes que contratan este tipo de servicios.

Los bajos precios a los que se licitan los concursos de seguridad fomentan ofertas a la baja por parte de algunas empresas que reducen calidad en materia de prevención y formación suficiente a sus plantillas como única vía de intentar rentabilizar unos servicios que en ocasiones no cubren ni los costes salariales recogidos en el convenio sectorial.

En idéntica forma a este hecho se les une una oleada de agresiones constantes a los vigilantes de seguridad en lugares de pública concurrencia sin que empresas ni usuarios adopten medidas de autoprotección para el colectivo que cuanto meno reduzca el riesgo en la actividad realizada por el personal de seguridad privada.

UGT inicio una campaña al respecto “A MI QUIEN ME PROTEGE” solicitando del Gobierno que utilice el Reglamento de Seguridad Privada ahora en fase de elaboración, para obligar a las empresas a situar elementos de protección suficientes para los vigilantes de seguridad durante la prestación de servicios, en igual forma UGT ha presentado enmiendas al Reglamento donde entre otras medidas se solicita para el personal de seguridad privada recuperar el carácter de agente de la autoridad, situación que el colectivo ya dispuso en años anteriores.

La seguridad privada en la actualidad emplea a 80.000 trabajadores y trabajadoras en el territorio nacional y actúa en forma complementaria a la seguridad pública. Los vigilantes de seguridad operan en infraestructuras críticas, así como en lugares en pleno contacto con la ciudadanía, ello obedece a un riguroso debate sobre el necesario cambio de modelo de la seguridad privada en nuestro país. Fruto de la crisis económica los concursos de seguridad privada dependientes de la administración pública y de algunos clientes privados redujeron sustancialmente sus presupuestos originando con ello una merma en la calidad de los servicios, así como, la proliferación de empresas de seguridad con el único objetivo de acaparar mercado ha venido incumpliendo sistemáticamente las condiciones laborales de sus plantillas, formación de las mismas, y en ocasiones cometiendo claros fraudes fiscales.

UGT ha solicitado tanto al Gobierno, Unidad Central de Seguridad Privada, Asociaciones Empresariales del Sector, como a los propios usuarios del mismo tanto públicos como privados un necesario debate para situar a la seguridad privada en la senda de garantizar la calidad de los servicios, más allá de convertirse únicamente en un negocio. El contacto diario con la ciudadanía de los vigilantes de seguridad como elemento complementario a la seguridad pública debe garantizar sin excusas un servicio de calidad por parte de las empresas que operan en el territorio nacional. Igualmente debe garantizar medidas de formación y autoprotección suficiente para los propios vigilantes de seguridad en el desempeño de sus funciones.